Yes, he can

Estados Unidos está viviendo días históricos. La reforma de la política sanitaria, una de las bazas electorales de Barack Obama, sigue su curso y después de haberse aprobado en el Senado, ha sido también aceptada por la Cámara de Representantes (219 votos a favor, 212 en contra) y promulgada por el propio presidente. Ahora sólo falta la ratificación de un segundo proyecto, que introduce algunas reformas al primero y que debe pasar, en caso de ser aprobado por el Congreso, nuevamente por el Senado.


La reforma de Obama propone asistir a los ciudadanos que no tienen cobertura médica de sus empleadores y no cumplen los requisitos para anotarse en los programas sanitarios estatales (se estima que unos 32 millones de norteamericanos). El proyecto también tiene como objetivo bajar los altos costos que los seguros médicos tienen en Estados Unidos. Eso sí, la reforma no tendrá en cuenta a los 10 millones de inmigrantes ilegales.

La ley obligará a todos los ciudadanos norteamericanos a disponer de un seguro médico a partir de 2014 o pagar una multa si no lo hacen. Para ayudar a las personas de rentas más bajas, el Estado subvencionará a todas aquellas familias con ingresos anuales inferiores a 88.200 dólares o individuos con ingresos de hasta 29.300 dólares anuales. A su vez, la ley mejorará las condiciones de las pólizas que ya tenían con las aseguradoras privadas y las compañías no podrán rechazar a un cliente por sus condiciones médicas preexistentes o expulsarlo al contraer una enfermedad de larga duración. Esto permitirá, por ejemplo, asegurar a miles de enfermos de sida o a mujeres con cesáreas previas. Además, la reforma obligará a todas las empresas a ofrecer seguro a sus trabajadores, aunque habrá ayudas para las pequeñas empresas que no puedan afrontar este gasto por peligro de quiebra.

La idea original de Obama era la de incluir en la reforma la opción de un seguro público, pero eso fue rechazado durante el debate en el Congreso. Un seguro exclusivamente público al estilo europeo es de difícil implantación en un país de las dimensiones de Estados Unidos. Con esta reforma, el Gobierno asume el papel de intermediario entre el público y las compañías privadas y se responsabiliza de que la cobertura sea adecuada y lo más universal posible.

En la actualidad, Estados Unidos es el único país desarrollado que no cuenta con un sistema de cobertura universal de la asistencia sanitaria. Se estima que más de 45 millones de personas (cerca del 15% de la población total), carece de cobertura sanitaria, lo cual indica la gravedad del problema. El sistema público sanitario existente cubre a los pensionistas mayores de 65 años (programa Medicare), a las personas sin recursos (programa Medicaid) y a los niños de familias con recursos limitados (no cubiertos por Medicaid). Estos programas se gestionan mediante el pago de los servicios a instituciones privadas.

Además de no existir un sistema público de cobertura universal, el empresario no está legalmente obligado a facilitar cobertura sanitaria a sus trabajadores. En la práctica, sin embargo, la mayoría de las grandes empresas brindan este tipo de protección en los términos en que se negocia en la negociación colectiva. Se estima que algo más del 60% de las personas que tienen asistencia sanitaria la obtienen por esta vía. Y es que la falta de un impuesto para las empresas que financiase la sanidad, como ocurre en los países que cuentan con sistemas públicos, se había considerado durante mucho tiempo como una ventaja competitiva de las compañías norteamericanas, que no tendrían que hacer frente a un coste con el que cargarían muchos de sus competidores internacionales.

La falta de cobertura se concentra en los trabajadores de bajos salarios, quienes prestan servicios en pequeñas y medianas empresas, pequeños empresarios individuales y profesionales independientes; aunque también tienen importancia los grupos de personas jóvenes y con buena salud que prefieren retrasar la contratación de un seguro hasta alcanzar edades más
avanzadas. Pero el problema se extiende incluso a los trabajadores ocupados y que están cubiertos por un seguro médico, ya que la pérdida del empleo es sinónimo de la pérdida de la cobertura sanitaria propia y de la familiar. Con la nueva ley, los desempleados recibirán ayuda para comprar un seguro en una bolsa que se creará para ese fin. Otros problemas de la situación sanitaria actual de Estados Unidos son: el precio de los medicamentos (muy superior al de Europa o Canadá) o el propio envejecimiento de la población.



Para entender el problema sanitario de la primera potencia mundial, como es Estados Unidos, basta con echar un ojo a algunos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El país norteamericano ocupa el puesto número 44 en médicos por persona, el 50 en camas hospitalarias por persona, el 34 en tasa de mortalidad infantil, el 29 en tasa de mortalidad materna en el parto y el 30 en esperanza de vida de las mujeres (28 en hombres). Ante esta situación, la reforma se plantea más que necesaria, por el bien del propio país.

¿Y cuándo empezará a aplicarse la nueva ley? Algunas medidas entrarán en vigor inmediatamente. Pero las más relevantes empezarán a aplicarse en 2014. La explicación es sencilla: es imposible que el sistema asuma de repente 32 millones de nuevos usuarios.