El juez condenado

Baltasar Garzón ha sido suspendido cautelarmente en sus funciones como juez de la Audencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, acordara la apertura de juicio oral contra Garzón, tras admitir a trámite una querella presentada por las organizaciones Manos Limpias y Falange Española, por presunta prevaricación por la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista. Una decisión que pone fin a una polémica que dura ya casi dos años, desde que Garzón decidió involucrarse en la investigación mencionada.

El 16 de octubre de 2008, Garzón se declara competente y justifica su intención de investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco; e instruye la apertura de 19 fosas comunes diseminadas en todo el país. La decisión de declararse competente contó, desde el inicio, con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El 28 de noviembre, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declaró la incompetencia de Garzón en este caso por catorce votos contra tres.

Posteriormente, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra el juez Garzón por prevaricación al declararse competente en la investigación de los crímenes ya mencionados, presentada como acusación popular por las organizaciones de ultraderecha Manos Limpias y Falange Española, esta última supuestamente implicada directamente en los crímenes que se pretenden estudiar.

El 7 de abril de 2010, el Tribunal Supremo, estima que procede continuar el procedimiento por el delito de prevaricación contra Garzón, en un auto que el propio magistrado recurre. El día 24 de abril, Garzón presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de recusación contra el magistrado instructor, Luciano Varela, acusándole de tener "interés directo en el procedimiento y parcialidad en el mismo" y de haber realizado "una labor más próxima a una asesoría o consejo jurídico", al haber concedido un plazo a los querellantes para corregir una serie de defectos de sus escritos de acusación, hecho que definió como "dar oportunidades atípicas y extraprocesales" a una de las partes. El 3 de mayo, la Fiscalía del Tribunal Supremo presenta un escrito de rechazo a la recusación de Luciano Varela por parte de Garzón, donde expresa que dicha petición es "absolutamente inviable por carecer de fundamentación y justificación alguna".

Durante todo este proceso, que ha formado parte de la primera página de la actualidad nacional e internacional, no han faltado las muestras de apoyo a Garzón. El pasado 24 de abril, miles de personas participaron en las concentraciones y manifestaciones convocadas en toda España para denunciar la "impunidad" del franquismo y apoyar al juez Baltasar Garzón. El acto más multitudinario tuvo lugar en Madrid, donde los organizadores reconocieron que la asistencia a la marcha superó "con creces" sus expectativas más optimistas. Otras ciudades donde se mostró apoyo al juez fueron: Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Valladolid, León, Las Palmas, Santander, Valencia o Gijón.

Tras unos días de espera, y como ya hemos comentado antes, el pleno extraordinario del CGPJ decidía el 14 de mayo, por unanimidad, suspender cautelarmente en sus funciones a Baltasar Garzón. Esta decisión se hacía pública sólo dos días después de que el juez Varela acordara la apertura de juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo. Las reacciones no se hicieron esperar y numerosas organizaciones, como Human Rights Watch, la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica o la Federación Estatal de Foros por la Memoria, lamentaron la decisión del Consejo. También mostraron su apoyo a Garzón diversos compañeros de la Audiencia Nacional, como José Ricardo de Prada, Clara Bayarri, Santiago Pedraz, Fernando Andreu, Vicente González Mota, Daniel Campo, Ana Noé y María Dolores Delgado.


La noticia traspasó nuestras fronteras y medios como el New York Times, The Guardian o Le Figaro criticaron la suspensión. El Times tituló su editorial como Una injusticia en España, y señaló que "a Garzón debería permitírsele regresar cuanto antes a su trabajo". Por su parte, The Guardian, calificó la separación de la judicatura como una "persecución por motivos políticos" y el diaro francés calificó a Garzón de "superjuez".

El futuro de Garzón no está nada claro, ya que la suspensión estará vigente hasta que el Tribunal Supremo, en el que Garzón tiene abiertas contra él otras dos causas, decida sobre la culpabilidad o la inocencia del juez. Al mismo tiempo, el Presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha convocado una reunión de urgencia de la Comisión Permanente para estudiar la solicitud de una comisión de servicios especiales presentada por Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya, como asesor de la Fiscalía.