Zapatero tiene un plan

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio un sorprendente giro a su política económica la semana pasada con el anuncio de las nuevas medidas adoptadas por su gabinete para combatir la crisis. En ellas, sacrifica gran parte de sus principios fundamentales en defensa del mantenimiento de prestaciones sociales. El drástico recorte del déficit que le exigió la Unión Europea ha obligado al Gobierno a una reducción de salarios públicos sin precedentes en la historia de España; a la eliminación del cheque-bebé; al recorte en 6.000 millones de euros en inversiones del Estado y en 600 millones de euros en ayuda al desarrollo; a la congelación de la mayoría de pensiones en 2011 y a la disminución del gasto en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Durante su detallada exposición, Zapatero no encontró un solo aliado parlamentario claro. Las reacciones no se hicieron esperar. En la misma comparecencia, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, respondió a los anuncios con un discurso muy duro en el que dejó claro que no apoyará las medidas más impopulares, especialmente la congelación de pensiones. Por su parte, los sindicatos preparan acciones de protesta y parecen dispuestos a salir a la calle por primera vez desde que ZP es presidente. UGT ha convocado una huelga general en el sector público para el día 2 de junio, como protesta por la reducción del 5% del salario de los funcionarios. A esta acción se ha sumado CC.OO., dando su apoyo a UGT. Los líderes de los síndicatos, Candido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, ya se han reunido para conformar un calendario de manifestaciones. La primera de ellas será este 20 de mayo, convocada por CC.OO.

Del resto de partidos políticos, sólo CiU parece dispuesto a apoyar las medidas adoptadas por el Gobierno. El portavoz del grupo parlamentario catalán, Josep Antoni Duran i Lleida, apeló a la coherencia de los miembros del Congreso para que se rebajen sus salarios. Mucho más críticos se mostraron desde Izquierda Unida, PNV, BNG o ERC. Las palabras más duras salieron del líder de IU, Cayo Lara, quien afirmó que el Gobierno ha cruzado la "raya roja" y tildó las medidas de "impropias de un gobierno socialista".

Por su parte, organizaciones como el Foro de la Familia o la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), también se han mostrado en contra de las medidas del Gobierno, sobre todo de la supresión del cheque bebé, medida que, según ellos, refleja que Zapatero ve a los hijos como "un impuesto de lujo". La ONG, Intermón-Oxfam, se unió a los lamentos generados por la decisión gubernamental, al creer que los más perjudicados serán los más desfavorecidos, quienes a su vez, son los que menos han hecho por agravar la crisis económica mundial.

Sin embargo, no todo son posiciones enfrentadas a este nuevo paquete de medidas. La Unión Europea y el Frente Monetario Internacional (FMI) han mostrado su apoyo a la decisión del Gobierno español, ya que desde hace tiempo solicitaban medidas para acabar con el déficit. El vicepresidente de la UE, Joaquín Almunia, las calificó de "lógicas" y de "estrictamente necesarias para frenar la presión que han ejercido los mercados sobre la deuda española".

Desde el sector financiero y empresarial también han felicitado al Gobierno por esta toma de decisiones. El Banco de España, el Banco Santander y el BBVA coinciden al señalar que, aunque las medidas no gusten a la sociedad, son necesarias y positivas para conseguir salir de la recesión. Por último, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, se felicitó porque el Gobierno haya escuchado sus propuestas, aunque lamentó el tiempo perdido por el equipo de Zapatero.

Sólo el tiempo dirá si este nuevo plan de choque se salda de manera positiva o no. Por el momento, se ha colocado a la altura de otras decisiones drásticas adoptadas por Gobiernos europeos, como Grecia, Portugal, Francia, Irlanda o el Reino Unido. Alemania está a la espera de finiquitar los últimos detalles de su plan. El único país que permanece inmóvil es Italia, aunque la Unión Europea ya le ha solicitado que mueva ficha.